CNUCC
Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción
Presidente: María José Parra Meza
Mesa: Natalia Vanessa Márquez Mas, Valentina Fernández Campos, Rebecca Farah Romero Pérez, Emilia Arias Romero, Sofía Torres Escalante.
Tópico A) Medidas para neutralizar la crisis política dentro de la región del Reino de Tailandia, como consecuencia del conflicto institucional dentro de la región
Tópico B) Acciones para criminalizar la corrupción de alto nivel por parte de funcionarios públicos ocasionada por inestabilidad gubernamental en la República Bolivariana de Venezuela
Antecedentes y facultades
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) fue adoptada por la Asamblea General en octubre de 2003 y entró en vigor en diciembre de 2005. Este instrumento jurídicamente vinculante constituye el primer acuerdo global en materia anticorrupción, teniendo como miembro a los 189 Estados parte de la Asamblea General. Su objetivo principal es promover y adoptar medidas para la aplicación de la ley guiándose por el derecho internacional, así como establecer un marco jurídico internacional para la cooperación entre países y la recuperación de activos, incluyendo requisitos obligatorios para penalizar conductas corruptas. A diferencia de otros mecanismos, la Convención cuenta con un amplio respaldo de la sociedad civil, con más de 350 organizaciones que conforman una red global. Hasta la fecha, ha sido ratificada por más de 100 países, quienes se han comprometido a impulsar su legislación, implementación y monitoreo.
Comprometidos a frenar la corrupción a nivel internacional, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción está capacitada para:
-
Desarrollar e implementar regímenes que reflejen los principios del estado de derecho, la gestión adecuada de los asuntos públicos y la propiedad pública, la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas.
-
Realizar políticas anticorrupción, al igual que brindar ayuda a la creación de cuerpos públicos y/o independientes que promuevan la participación de la ciudadanía e instituciones.
-
Adoptar sistemas para el reclutamiento y contratación de los servidores públicos así como incluir procedimientos adecuados para la selección y capacitación de personas para cargos públicos.
-
Implementar un sistema de regulación y supervisión para bancos e instituciones financieras no bancarias, incluidas las personas físicas o jurídicas que presten servicios formales o informales para la transmisión de dinero o valor.
-
Formación de metodologías para el intercambio internacional de estadísticas, reportes y análisis tiene como objetivo monitorear las políticas implementadas, así como realizar evaluaciones de su efectividad y eficiencia.